Abstracto

Transparencia Internacional y el Índice de Percepción de la Corrupción de Nigeria: Implicancias para la Transformación Sostenible

Linus Akor

La corrupción es una plaga que ha carcomido profundamente el tejido social de Nigeria. Los sucesivos gobiernos han tomado diversas medidas para cortar de raíz este flagelo, aunque con grados discutibles de éxito. A pesar de la celebrada declaración de guerra contra la corrupción, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Nigeria parece bajar continuamente. Por ejemplo, en su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, Nigeria clasificó a este país como el segundo más corrupto del mundo durante tres años consecutivos: 2001, 2002 y 2003. En 2006, Nigeria ocupó el puesto 21 entre los países más corruptos del mundo. En el índice de percepción de la corrupción global de 2009, Nigeria cayó del puesto 121 en 2008 al 130 entre los 180 países encuestados. El informe del IPC de 2011 mostró que Nigeria se situó en el puesto 143 entre las 183 naciones que cubrieron la encuesta, con una puntuación de 2,4 en una escala de 10 puntos. En el informe de 2012, Nigeria se situó en el puesto 135 entre los 178 países encuestados, con una puntuación del 27% de un 100% posible. Este documento examinó el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional en relación con la caída de Nigeria en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) global y sus implicaciones para la transformación sostenible en Nigeria. Señala que, con razón o sin ella, el aparente fracaso de la guerra contra la corrupción en Nigeria puede no estar desconectado de la naturaleza epiléptica de la voluntad política por parte de los líderes políticos, así como de la debilidad de las instituciones pertinentes encargadas de la responsabilidad de estar a la vanguardia de la guerra. Esto probablemente explica por qué se levantan cejas escépticas cada vez que se presenta la guerra contra la corrupción como una de las historias de éxito del gobierno. Este escenario tiene implicaciones para la agenda de transformación sostenible del país. El documento recomienda que el gobierno federal demuestre la voluntad política adecuada para enjuiciar a las personas corruptas, especialmente a las personas políticamente expuestas (PEP), como gobernadores, ministros y miembros de la asamblea nacional. El gobierno también debe entronizar la buena gobernanza y la rendición de cuentas para restablecer la confianza pública en la gobernanza.

Descargo de responsabilidad: este resumen se tradujo utilizando herramientas de inteligencia artificial y aún no ha sido revisado ni verificado