Djigsa de Wakgari Kebeta
Etiopía es un país con un potencial minero sin explotar. La minería puede hacer más que crear riqueza: puede contribuir al bienestar de todo un país. Por el contrario, la inversión minera no regulada también puede tener consecuencias no deseadas. Actualmente, en Etiopía, el número de violaciones de los derechos humanos está creciendo exponencialmente, en particular en relación con las operaciones mineras y los proyectos extractivos. Las empresas mineras por lo general no respetan los derechos humanos y las normas de protección internacionalmente aceptadas. Este documento examina cómo las leyes, políticas y marcos institucionales existentes en Etiopía están promoviendo inversiones mineras socialmente responsables a la luz de las normas reconocidas para el bienestar de la comunidad local, el desempeño en materia de salud y seguridad ocupacional, las prácticas de contratación y promoción discriminatorias con respecto a la raza o el género y las disputas laborales. Para ello, se basa en fuentes de datos tanto primarias como secundarias. Las fuentes primarias de datos son las leyes nacionales e internacionales pertinentes al sector minero, mientras que las fuentes secundarias son las políticas, los informes gubernamentales y no gubernamentales y la literatura sobre el terreno. El documento concluye que ninguna de las leyes mineras de Etiopía contiene disposiciones que aborden los beneficios laborales, las oportunidades de capacitación o los beneficios sociales de las comunidades locales provenientes de las operaciones mineras. Añade que las leyes vigentes tampoco se aplican como es necesario. Por consiguiente, recomienda que Etiopía adopte marcos jurídicos, normativos e institucionales adecuados para frenar los efectos negativos de las inversiones mineras. También pide que se pongan en marcha programas de participación y concienciación social de base amplia para fomentar el sentido de pertenencia en las comunidades locales.